La petrolera estatal venezolana PDVSA mantiene una deuda acumulada de 3.300 millones de dólares con la empresa italiana Eni por impagos relacionados con suministros de gas, según reportes de medios especializados. La cifra, que corresponde al cierre de 2025, refleja años de incumplimientos en los compromisos financieros derivados de operaciones conjuntas en proyectos gasíferos en Venezuela, en un contexto de severas dificultades económicas y operativas de la industria petrolera nacional.
La deuda se ha generado principalmente por los impagos de PDVSA a Eni por la compra de gas natural, producto de los acuerdos de asociación entre ambas empresas en yacimientos venezolanos. Según El Pitazo, la cifra de 3.300 millones de dólares corresponde al saldo pendiente al finalizar el año 2025, acumulado tras varios ejercicios de incumplimientos. El Economista, citado por Google News PDVSA, precisa que la deuda asciende a unos 3.300 millones de dólares y está vinculada a operaciones de gas en el país.
El contexto histórico de esta deuda se remonta a asociaciones estratégicas entre PDVSA y Eni en proyectos como el campo gasífero de Perla, uno de los más importantes del Caribe, y otros yacimientos en la plataforma continental venezolana. Estas alianzas, establecidas durante la gestión del exmandatario Nicolás Maduro —actualmente detenido—, implicaban compromisos de pago por parte de PDVSA por el gas suministrado o procesado por Eni. Sin embargo, la crisis económica, la caída de la producción petrolera y las sanciones internacionales han limitado severamente la capacidad de pago de la estatal.
Los reportes indican que los impagos se han extendido por años, afectando la relación comercial y operativa entre ambas empresas. El Nacional destaca que PDVSA adeuda los 3.300 millones de dólares a Eni 'tras años de impagos por gas', lo que sugiere un patrón continuo de incumplimiento. Esta situación se enmarca en un escenario más amplio de deudas de PDVSA con socios internacionales, incluyendo otras petroleras y proveedores, que en conjunto superan los miles de millones de dólares y complican la reactivación del sector energético venezolano.
El impacto de esta deuda es multifacético: por un lado, limita la capacidad de PDVSA para atraer nuevas inversiones o mantener operaciones conjuntas con Eni, una empresa clave en el desarrollo gasífero venezolano. Por otro, afecta la credibilidad financiera de Venezuela en el mercado internacional, ya que Eni es una de las principales compañías energéticas europeas con presencia en el país. Además, los impagos podrían tener implicaciones legales, como arbitrajes internacionales o reclamos ante cortes, aunque hasta ahora no se han reportado acciones formales en ese sentido.
En cuanto a las perspectivas, la resolución de esta deuda depende en gran medida de la evolución económica de Venezuela y de la capacidad de PDVSA para generar flujo de caja, algo complicado por la baja producción petrolera —que ronda los 800.000 barriles diarios según estimaciones recientes— y las restricciones financieras. La administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en funciones desde enero de 2026, enfrenta el desafío de renegociar deudas con socios como Eni mientras intenta estabilizar la economía. Sin embargo, la magnitud de la deuda y los problemas estructurales del sector petrolero sugieren que un pago total en el corto plazo es improbable, pudiendo derivar en acuerdos de refinanciamiento o compensaciones con activos.
Las fuentes consultadas no proporcionan una versión oficial del gobierno venezolano sobre esta deuda específica, por lo que se desconoce la postura de las autoridades actuales. En general, el gobierno ha reconocido en el pasado dificultades financieras de PDVSA, atribuyéndolas a sanciones internacionales y a la 'guerra económica', pero no ha comentado públicamente sobre este caso con Eni. La falta de transparencia en las finanzas de la petrolera estatal dificulta una evaluación completa de la situación, aunque los reportes de medios especializados coinciden en la cifra y el origen de la deuda.
A futuro, esta deuda podría influir en las relaciones entre Venezuela e Italia, así como en la estrategia energética de Eni en el país. La empresa italiana ha sido un socio tradicional en proyectos venezolanos, pero los impagos persistentes podrían llevar a un replanteamiento de su participación. Paralelamente, la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos, que mantiene sanciones sobre el sector petrolero venezolano, podría monitorear este tipo de deudas como parte de su política hacia Caracas. La resolución, en cualquier caso, requerirá negociaciones complejas y probablemente concesiones por ambas partes, en un escenario donde PDVSA lucha por sobrevivir financieramente.
